Gómez Alcorta habló sobre cómo el lawfare se manifiesta a través de la intervención del poder político.

Diversos especialistas de América Latina debatieron este martes sobre casos de lawfare y el fenómeno de la persecución judicial y mediática con fines políticos en América Latina.  

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En este sentido, el Observatorio Lawfare, la plataforma que organizó el espacio de debate, invitó a especialistas de Argentina, Perú y Ecuador, entre otros, para el análisis del lawfare como dispositivo de poder que afecta la democracia de los pueblos.

Por su parte, la abogada de la dirigenta popular de raíces indígenas Milagro Sala, y quien fuera coordinadora del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, analizó el caso de la referente de Túpac Amaru como un “laboratorio de prácticas de lawfare” desde su detención en 2016.

Gómez Alcorta habló sobre cómo el lawfare se manifiesta a través de la intervención del poder político, judicial y de los medios de comunicación. Resaltó la “criminalización de la protesta y la destrucción de la oposición”, particularmente aquella que no sigue las reglas de la política clásica.

Esto, de acuerdo a Gómez Alcorta, se dirige tanto contra líderes políticos como contra organizaciones populares, buscando su “eliminación total, sin dejar rastro en el futuro”.

De igual manera, analizó y criticó la narrativa que se construye sobre la figura de Milagro Sala con actos violentos, construyendo una imagen de ella como “violenta y corrupta”. En este sentido, la plataforma Prensa Tupac ha denunciado constantemente la detención de Milagro Sala en el año 2016 durante el Gobierno de Macri y Morales, siendo víctima de una tremenda injusticia de acusaciones, persecución política, judicial y mediática por “desafiar al poder, por hacer política para los de abajo”.

En relación al expresidente Pedro Castillo en Perú, el abogado internacional del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), Guido Croxatto, precisó que “el diseño base de pesos y contrapesos está terminado. Cada poder es una burocracia separada que más que controlar al otro, están compitiendo recíprocamente. (…) ahora llega el desastre, el lawfare, cuando la deformación es tan grande y el abogado empieza a ver que hay un problema. (…) el lawfare es un caso extremo de un poder que ya no está funcionando que es el judicial”.

De igual manera, al definir como el “primer presidente rural de Perú” a Pedro Castillo, Guido Croxatto refirió que “su caso ilustra cómo un sistema judicial corrupto puede ser utilizado para perseguir a líderes políticos. A pesar de enfrentar racismo y violaciones de garantías procesales, Castillo no tuvo el respaldo mediático ni el apoyo de los factores de poder, lo que lo dejó vulnerable. Aunque líderes progresistas como (el presidente colombiano, Gustavo) Petro y (el mexicano) Andrés Manuel López Obrador intentaron apoyar su causa, no lograron contrarrestar el sistema judicial y político profundamente desfigurado en Perú”.

Entre tanto, el abogado de Castillo ha ilustrado a figuras como el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por delitos de lesa humanidad, que siguen siendo “influyentes, lo que subraya la desigualdad y la injusticia en el tratamiento judicial”.

En relación a Ecuador, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Rául Zaffaroni habló sobre el lawfare al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y el vicepresidente Jorge Glas.

“Ese poder judicial que siguió con el banquero (Guillermo) Lasso (2021-2023) y que ahora sigue con este muchachito hijo de la familia rica de Guayaquil (Daniel Noboa) no tuvo otra idea mejor que secuestrar al presidente Glas. Lo quieren matar. Lo están trasladando de hospital a hospital para que se muera”, denunció.

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